Justicia para los comunistas

y para todos los luchadores sociales mexicanos - Mi caso

por Arturo Martínez Nateras | Sep 5, 2007 | Artículos

Doctor Ignacio Carrillo Prieto: Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Señores Agentes del Ministerio Público Federal:
Ciudadanos integrantes de los Comités de Apoyo e Interdisciplinario:

Un recuerdo y mi homenaje a José Barragán Gómez,
Delegado al CNH y comunista ejemplar.
Un reconocimiento a José Pineyro Guzmán,
por cuya perseverancia existe esta causa ciudadana.
Con gratitud a los abogados:
Juan Manuel Gómez Gutierrez, Carlos Fernández del Real,
Guillermo Andrade Glesner y Carmen Merino.

Arturo Martínez Nateras, mexicano, nacido el 5 de mayo de 1940, en Tuxpan Michoacán, casado, en pleno uso de mis derechos políticos, sociales y humanos, comparezco voluntariamente ante esta Fiscalía especial en calidad de acusador, testigo de cargo, cuerpo del délito, víctima de la represion del acoso y de la difamación, injustamente encarcelado y por ello privado de la libertad, secuestrado en tres ocasiones el 23 de julio de 1965 en Monterrey, el 6 febrero de 1968 y desde el 10 de noviembre de 1968 al 20 de diciembre del 1971…

Arturo Martínez Nateras, de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León, con cédula profesional, titulo 353 del libro 485 del Registro de Títulos profesionales y grados académicos de la SEP; identificado con la CURP así como con la credencial de elector.

Arturo Martínez Nateras, de ocupación productor de café, editorialista, colaborador de varios diarios nacionales y estatales; editor y asesor de ingeniería política, presidente del Fideicomiso La Pintada; Titular por Guerrero del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable de la Semarnat y de su Grupo Operativo, representante de La Pintada SCL ante el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del estado de Guerrero, por mi propia voluntad declaró lo siguiente:

Comparezco ante ustedes y les obsequio con ello mi confianza. Una vez más tenemos la oportunidad de encontrar y construir entre todos la verdad, con las herramientas del rigor y de la voluntad, del conocimiento y de los testimonios verificables. México no nos perdonaría una nueva desilusión, otra simulación. El país no está para escándalos ni para engaños.
Los problemas de la represión, de la injusticia, de la impunidad, del abuso del poder para eliminar o amedrentar a los luchadores sociales no son asunto del pasado lejano. Por desgracia siguen siendo usos y costumbres del presente régimen. Me remito a un caso que conozco y me afecta. Ahora mismo, en compañía de otros siete ciudadanos surianos estoy sujeto de una Averiguación Previa Federal, la AP14/A3/2001, iniciada por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Tercera Agencia de Procedimientos Penales de Acapulco. Presunto delito: Ataques a las vías generales de comunicación. Causa: Una movilización de 6000 productores de café desesperados por la crisis. Esto quiere decir que el gobierno federal sigue usando al derecho a conveniencia y a las indagatorias como espada de Damocles. Documento lo anterior con un legajo de algo de lo aparecido en los medios de comunicación.
Acudo a esta Fiscalía animado por la esperanza de acelerar el proceso de transformación democrática de México. Tengo la convicción de que nuestro país requiere la construcción de la verdad histórica, política, jurídica de los procesos políticos y sociales ocurridos en las últimas décadas. México ha sido herido por el exceso de mentiras, simulaciones, escándalos, agravios y la sociedad pierde la confianza en las instituciones democráticas, en los poderes y en los partidos, en las organizaciones sociales por el divorcio creciente entre éstas y los intereses y anhelos de la gente. La Fiscalía ha provocado muchas esperanzas que deben ser recompensadas pues en sus resultados apostamos todos a la redención y a la construcción del nuevo ministerio público. Esta causa ciudadana enfrenta infinidad de resistencias abiertas y soterradas que debemos superar.
Declaro con placer ante esta Fiscalía. Vengo ante el Ministerio Público no como antes siempre me había ocurrido, en calidad de indiciado, investigado, consignado o sujeto a indagatoria. Cuando así sucedía lo hice sin miedo y con fé en la justicia.
Vengo en calidad de agraviado a denunciar hechos pero libre de rencores y despojado del menor asomo de venganza. México está sediento de unidad en la diversidad, de un pacto republicano, de reconciliación nacional y de un escenario político que propicie el combate a la pobreza y la ruta de la prosperidad.
Mi participación personal, pública y privada la he realizado con la meta de participar en la construcción de un México y un mundo democrático, justo, solidario, donde prevalezca el imperio de la verdad, donde la Constitución reine para todos y siempre; un México ordenado por un estado de derecho, en el cual no tengan cabida la delincuencia, la impunidad, ni la represión, donde se respeten, se desarrollen y se cultiven los derechos humanos, las garantías constitucionales, la soberanía popular. En lo personal y en general los luchadores sociales y los comunistas mexicanos, nosotros, hemos vivido y luchado con alegría por construir el país del pluralismo, de la tolerancia, de la justicia social, del trabajo y del conocimiento. Luché y lucho ponderando que ningún temor ní sacrificio personal puede superar al interés nacional. Tengo muy precisos y claros mis objetivos y propósitos.
Esta Fiscalía ha sido constituida para averiguar la verdad para realizar las averiguaciones pertinentes y consignar los hechos, para perseguir como Ministerio Público, a quienes desde el ejercicio de las funciones públicas o al servicio del poder, han cometido delitos y también, para dotar a la sociedad de los elementos de información, de estudios, análisis, testimonios, legados documentales encaminados a divulgar la verdad de hechos, movimientos y acontecimientos ocurridos en nuestro país.
La Presidencia y la PGR crearon la figura denominada Fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Parto del supuesto de que sus funciones están limitadas en el tiempo hasta la fecha de entrada en vigor del decreto (noviembre de 2001) pero existen dudas respecto a desde cuando. Desde mi conocimiento personal se que uno de los límites de partida puede ser el primero de mayo de 1952, cuando con motivo de la Conmemoración del Día Internacional del Trabajo, una manifestación fue reprimida, provocada, balaceada. Entonces murió el joven estudiante comunista del IPN, Luis Morales, balaceado por un soldado debidamente identificado. Un poco antes un Mural de Diego Rivera en la SEP, fue clausurado. A partir de entonces se inicia una nueva conducta presidencial ante los movimientos sociales y especialmente frente a los comunistas mexicanos. Como resultado del giro a la derecha de la presidencia de México, de la guerra fría, del anticomunismo internacional, los comunistas fueron colocados como un enemigo a exterminar. Los comunistas encarcelados fueron procesados, juzgados y encarcelados por el delito de Disolución Social. Desde entonces las fuerzas democráticas levantaron la demanda de derogación de los Artículos 145 y 145 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, uno de los seis puntos del pliego de demandas del CNH en 1968.
La cacería de comunistas llegó hasta 1979 cuando después de innumerables esfuerzos y sacrificios el PCM consiguió su inscripción legal como partido político, sin que ello quiera decir que se hubiese puesto fin a la represión y a la prisión política.

Antes de 1952 cayeron infinidad de comunistas y luchadores, muchos de ellos a manos de las guardias blancas, de los cristeros, del callismo, de la contrarevolución, pero aquello corresponde a otra fase de la historia política que cerró Lázaro Cárdenas cuando puso punto final a una era de crimen político al desterrar a Calles pese a sus pretensiones golpistas, en lugar de asesinarlo como solía ser lo frecuente. Después del 79 y hasta la disolución voluntaria del PCM también es otra la historia.
Solicito una línea especial de investigación y de trabajo que se concentre en los delitos que se pudieron haber cometido en contra de los comunistas mexicanos. La relación de crímenes es larga como lo acreditan los documentos que entrego a esta Fiscalía, enumero algunos de ellos: Luís Morales, Román Guerra Montemayor, Rubén Jaramillo, su esposa Epifania embarazada, sus tres hijos y antes su hermano, también dirigente agrarista, el 23 de mayo de 1962, Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón en Puebla, Odilón Vázquez en Matías Romero, Oaxaca, Alfredo Palacios en Reynosa.

Uno de los casos más lamentables y deplorables es el asesinato por torturas, del maestro Hilario Moreno Aguirre, el 5 de enero de 1975, en los separos de la policía del DF y todavía el 22 de febrero de 1978 es acribillado Carlos Hernández Chavarría.

Los asesinatos constituían el remate de una política sistemática de expulsión de los comunistas de los grandes centros fábriles, de espionaje, de acoso, de infiltración y difamación, de cárcel y de permanente provocación.

¿Quién ordenó asesinar a Rubén Jaramillo y a su familia? ¿Quién ordenó liquidar a Joel Arriaga y a Enrique Cabrera en Puebla? ¿Quien ordenó la invasión militar en las universidades; dos ocasiones, en 1963 y 1966 la michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de Sonora en 1967, la UNAM el 30 de julio, el 18 de septiembre del 68, ¿el IPN en 1956 y el 23 de septiembre del 68? ¿Quién le ordenó al ejército mexicano reprimir y suspender la marcha estudiantil por la Ruta de la Libertad en febrero de 1968, provocar y atacar a los estudiantes el 26 de Julio, ocupar el centro de la ciudad de México en julio, el Zócalo el 27 y 28 de agosto y masacrar el 2 de octubre? ¿Quién ordenó atacar a los presos políticos en enero de 1970 cuando teníamos ya 30 días en huelga de hambre? ¿Quién reprimió a los estudiantes el 10 de junio? ¿ Quién ofreció una y otra vez, reiteradamente desde el poder, investigar hasta las últimas consecuencias? ¿Quién ordenó ejecutar en Lecumberi a Pablo Alvarado?…

No hay ninguna duda. No la puede haber. El gobierno mexicano, hizo del anticomunismo uno de los pilares de su política de guerra fría, de exterminio, de contrainsurgencia. Suman años, siglos los aportados a la democracia por los comunistas y los acusados de serlo, presos como fueron: Valentín Campa, Demetrio vallejo, Othón Salazar, Nicandro Mendoza, David Alfaro Siqueiros, Don Filomeno Mata, José Revueltas, Ramón Danzós Palomino, Carlos Sánchez Cárdenas, Miguel Aroche Parra, Rafael Aguilar Talamantes, Joel Caro, Efrén Capiz, Sebastián Dimas Quiroz, Ramón Martínez Ocaranza y todos los del 68

Los comunistas mexicanos fuimos los primeros procesados por Disolución Social, los primeros en ser detenidos el 26 de julio del 68 y los últimos excarcelados por este movimiento, el 20 de diciembre de 1971.

Basta y sobra con revisar la historia de cada uno de los principales acontecimientos y movimientos para constatar que existía una política presidencial de culpar de todo y por todo a los comunistas mexicanos. Ellos y nosotros, todos aferrados a la conquista de las libertades democráticas que hicimos de ello una ilusión, una utopía, una obsesión, mucho más que una línea política.

Prevalecen por ignorancia o por mala fe, las pretensiones de menospreciar el papel de los comunistas mexicanos. Éramos el enemigo para exterminar por las agencias policiacas y de espionaje extranjeras, por el gobierno mexicano, por sus espías, infiltrados y provocadores; y también lo éramos de algunos grupos armados quienes nos acusaban de reformistas y traidores, se esforzaban por excluirnos y de algún modo ellos le hacían un servicio gratuito o no al sistema.

Todavía hoy como resultado de la creación de la Fiscalía, del renovado interés de los medios, de los estudiosos, de los reporteros, los comunistas existen como entes etéreos: El Partido Comunista Mexicano, La Juventud Comunista de México, La Central Nacional de Estudiantes Democráticos; etc., pero se nos despoja de la identidad personal, de las contribuciones y de los méritos. En el mejor de los casos se nos trata indulgentemente como chivos expiatorios. Tanto entre el gobierno como por parte de las viudas del 68 y del 71 y de los autoherederos de los acontecimientos, se hace hasta lo imposible por negarnos, por desaparecernos de un plumazo y peor aún, no falta quien renuncia a la memoria propia en uso del derecho constitucional a la demencia política senil.
Denunció y señalo como responsables personales y directos de cinco décadas de represión deliberada, a los presidentes de la república quienes desde 1952, abusaron del presidencialismo mexicano para reprimir, perseguir, asesinar, encarcelar, difamar, desaparecer, enjuiciar, provocar a movimientos sociales y políticos y particularmente a los comunistas mexicanos. Entrego como parte de mi denuncia una relación de hechos y de camaradas comunistas asesinados.

La Fiscalía debe abrir las averiguaciones previas señalando a los expresidentes Miguel Alemán Valdez, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo…como presuntos responsables de abusos de poder, genocidio, delitos de lesa humanidad y todo aquello que les resulte responsable, como jefes supremos y únicos de un poder presidencial indivisible, del cual dependen todos los funcionarios del poder ejecutivo y por las facultades paraconstitucionales, los del judicial y del legislativo. La mayoría de los responsables principales han muerto, pero ello no debe ser obstáculo para dejar clara su responsabilidad penal, histórica y política. Obviamente no se trata de procesar cadáveres, ni de resucitar víctimas convirtiendo a esta en la “Fiscalía Frankestein” como la ha calificado Luís González de Alba.
Denuncio a Luís Echeverría Álvarez como al más sanguinario y perverso de los presidentes y funcionarios del México de la segunda mitad del siglo XX. Solicito un careo con él y con sus subordinados vivos, como Mario Moya Palencia, Pedro Ojeda Paullada, Miguel Nassar Haro, para dotar a esta Fiscalía de elementos complementarios para fortalecer las razones para encauzarlo y consignarlo como responsable de los delitos mencionados.
Reclamo de esta Fiscalía una resolución, producto de una concienzuda averiguación, mediante la cual, los nombres de los comunistas asesinados, presos y perseguidos sean inscritos en el libro de los luchadores por el México que anhelamos. El país, ellos que ofrendaron sus vidas, sus familiares y sus hijos, la juventud mexicana deben conocer que las libertades actuales tan limitadas como se aprecien—la democracia es un proceso constante e infinito de luchas y de nuevas ilusiones y utopías—, pero esas libertades han sido regadas con la sangre y el sudor, con la cárcel, con las convicciones y los ideales de los comunistas mexicanos. Ellos y nosotros, yo, actuamos con patriotismo, audacia, entrega y desinterés.

Exijo que esta Fiscalía declare que los comunistas mexicanos, los luchadores por el socialismo, los estudiantes, los dirigentes sociales y políticos han prestado al país un gran servicio positivo, activo y propositivo en la conquista de nuevas libertades democráticas, en el debilitamiento de la represión y de la impunidad.

Una de las medidas para reparar los daños que se han infringido a los comunistas y a todos los luchadores de izquierda es crear un grupo de trabajo dotado con los suficientes recursos fiscales para que preparen y escriban la Enciclopedia de la Izquierda Mexicana.

Propongo una exhaustiva investigación que culmine con la relación de todos los mexicanos encarcelados por motivos políticos y que se coloque, en la catedral de la prisión política, en Lecumberri, una placa con todos los nombres de quienes fertilizaron con cárcel los avances en las libertades democráticas. Propongo sea erigido un memorial público nacional a todas las victimas de la represión política y social.
En lo personal he sido agraviado y se han cometido en contra de Arturo Martínez Nateras infinidad de hechos que pueden constituir delitos derivados del anticomunismo como política presidencial.

El 23 de julio de 1965 fui perseguido, balaceado, calumniado, acusado de agitador comunista y encarcelado, en Monterrey, NL en compañía de camaradas como Raúl Ramos Zavala, Mauro Saldaña, Jesús Dávila, Octavio Leal Moncada. ¿Qué hacíamos? Pintas invitando a un mitin de solidaridad con la revolución cubana

En febrero de 1968 fui privado del derecho de manifestación y libre tránsito con algunos miles de estudiantes, que realizamos la Marcha Estudiantil por la Ruta de la Libertad, la cual fue objeto de una campaña feroz, orquestada desde la presidencia de la República, de agresiones, fui interrogado por el MPF. No está por demás dejar asentado que entonces el gobierno no tuvo empacho en descarrilar un tren para justificar su nueva ofensiva anticomunista como lo desenmascaró el inolvidable periodista Don Francisco Martínez de la Vega y presentarnos como autores de un complot al servicio del comunismo mundial. Esta provocación abortó gracias a la prudencia y al talento con la cual fue encarada.

Desde cuando me incorporé como dirigente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y de la JCM, fui objeto de constante vigilancia, de espionaje, de acoso y de una campaña deliberada de difamaciones. Entre ellas la reiterada acusación de que recibí recursos para un seminario latinoamericano de estudiantes, también para La Marcha y que me quedé con ellos. Los panfletos se imprimían en los talleres que tenía el gobierno en Lecumberri y se multiplicaban en las columnas que se redactaban en gobernación y aparecían en diferentes medios nacionales.

Contraje matrimonio el 26 de mayo de 1968 y la persecución me privó del derecho a fundar un hogar, tuve que vivir a salto de mata desde el 26 de julio hasta el 10 de noviembre que fui capturado después de que el presidente GDO, había ofrecido que ya no detendría a nadie más.

Mi hija mayor nació a la semana de mi encarcelamiento y no pude conocerla sino hasta el mes de enero de 1969. Durante dos meses me mantuvieron prácticamente incomunicado.

El primero de enero de 1970 junto con todos los presos políticos detenidos en Lecumberri, fuimos objeto de una brutal agresión al mando del general Andrés Puentes Vargas y del mayor Bernardo Palacios, director y subdirector del penal quienes dependían directamente del Secretario de Gobernación, entonces Luis Echeverría Álvarez. Esta fue la reacción del poder frente a la huelga de hambre que ya duraba 30 días con la cual, reclamábamos la libertad incondicional. Entonces pretendieron justificar su felonía con un intento de fuga masiva.

El 12 de enero de 1970, todavía en huelga de hambre, murió mi madre, doña Celia Nateras, en Tuxpan Michoacán y fui privado del derecho de acompañarla a su tumba.

El juicio al cual fui sometido y la sentencia a 14 años, es parte de esa monumental sujeción y agravió al Ministerio Público y al poder judicial que hoy esta Fiscalía puede lavar como una de sus manchas históricas.

El 2 de octubre de 1971 fui encañonado por policías y soldados, pues ya para entonces Echeverría había militarizado el penal de Lecumberri y obligado a retirar una bandera del 68, con la cual pretendimos mantener viva la llama de la memoria por la masacre.

Los meses entre el 10 de junio de 1971 y el 20 de diciembre los presos políticos del 68, todos, fuimos muy duramente reprimidos, Las vejaciones, las amenazas, las provocaciones se sucedían una a otra. Las revisiones contra nuestras visitas eran crueles e irrespetuosas. Los rumores de fuga se propagaban para crear el ambiente propicio a nuestro exterminio. Pablo Alvarado Barrera fue asesinado mediante un crimen cometido en noviembre de 1971, preparado y ejecutado por el General Francisco Arcaute Franco, director del Penal, quien seguramente cometió su crimen por órdenes del entonces Secretario de Gobernación, Licenciado Mario Moya Palencia, con supongo pleno conocimiento del Presidente Echeverría pues transcurría ya la política de exterminio.

Todavía el mismo 20 de diciembre, cuando ya fuera de Lecumberri todos sabían que saldríamos libres, a nosotros nunca nos comunicaron la noticia cierta y nos obligaron a abandonar el penal sin otras prendas que las que traíamos encima. Hasta ese mismo momento se pretendieron ensañar en contra nuestra.

Entre 1972 y 1979 fui objeto de vigilancia y espionaje, de persecución y de reiterados intentos de difamación y descrédito. Participé exitosamente en la lucha como las huelgas universitarias y la construcción del sindicalismo universitario, en la construcción, en la conquista de la legalidad y del registro del PCM. Mi responsabilidad en el traslado de recursos obtenidos en el secuestro de don Rubén Figueroa Figueroa, la tengo ampliamente acreditada y relatada en un testimonio publicado, de edición agotada, que hoy junto con mi relato de algunos episodios estudiantiles, de los textos de los comunistas en el movimiento estudiantil del 68, de crónicas sobre la represión debidas a la investigación de Gerardo Peláez pongo a la disposición de esta Fiscalía.
El movimiento del 68 ocupa nuevamente un sitio relevante en la agenda mexicana. El año próximo se cumplirán 35 años de una sucesión de eventos determinantes para la transformación democrática del país. La entrega de los documentos gubernamentales al Archivo General de la Nación aportará una cascada de datos para aproximarse mejor a la realidad de lo ocurrido. La verdad es necesaria para que nuestro país recupere la memoria, sane de heridas muy hondas, para que las autoridades rectifiquen los métodos y reinventen las formas de gobernar. La verdad es un factor para construir el México democrático, unido en la diversidad y en el pluralismo. Todos quienes participamos, los dirigentes y protagonistas, los encarcelados y perseguidos todos, no sólo los gobernantes de entonces y quienes ocultaron la información, tenemos una alta obligación y un compromiso con la nación y con el porvenir.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impone obligaciones a la Procuraduría General de la República en el sentido de investigar si el 2 de octubre hubo o no genocidio. La PGR ha descargado esta misión en la Fiscalía Especial.

Estimo importante trabajar para aportar tanto mis conocimientos como para investigar hurgando en los papeles de Lecumberri. Tengo la responsabilidad de reivindicar el papel de los comunistas en el 68 y por supuesto de ofrecer mi testimonio y mis reflexiones. La disputa por la historia forma parte sustancial de la lucha por el porvenir y por una mejor presente. Desde la óptica del método, el Fiscal y todos los interesados deben diferenciar con claridad dos grandes campos.

En primer lugar: El 68 en su conjunto, con sus antecedentes y prolegómenos; no reducirlo todo al 2 de octubre; los movimientos sociales y el comportamiento del estado y de los gobiernos ante ellos.
Por otro lado es pertinente entrar al fondo de todo lo relacionado con la guerrilla, con la violencia, las desapariciones, las ejecuciones. Hablar de guerra es totalmente equivocado. En México no ha existido estado de guerra durante los últimos cincuenta años. Los grupos guerrilleros que se propusieron la toma del poder mediante las armas—acertados o no— aducían el derecho constitucional a la rebelión. El gobierno nunca suspendió las garantías individuales y jamás declaró el estado interno de guerra, de acuerdo con como lo señala nuestra Constitución Política. El Ejército no tomó el poder por asalto y éste es el elemento clave para definir lo que se conoce como “guerra sucia” Es un desatino conceptual y político, jurídico e histórico hablar de guerra. En México no la hubo ni justa ni injusta, ni sucia ni limpia. Invocarla para justificar los abusos del poder y los crímenes de estado es inaceptable. Invito a una reflexión mesurada sobre la realidad de los sucesos de 1952 hasta la fecha, pues ya padecimos medio siglo de una política que debe ser modificada.

La represión fue durante muchos años una línea de conducta del estado y del gobierno mexicano frente a los luchadores sociales y políticos. El crimen político formó parte de la esencia del sistema mexicano. En este sentido es imprescindible una historia real que coloque a cada quien en su lugar.

México, nuestro país, pero sobre todo los jóvenes tienen derecho a conocer toda la verdad. ¿Hubo errores, desatinos y cierto aventurerismo en algunos movimientos, entre ellos en el 68? Por supuesto que los hubo. La historia no se puede enfermar de maniqueísmo. Para elevar la calidad moral tanto del movimiento del 68 en su conjunto, como de quienes honestamente figuraron como dirigentes, como representantes, actores y protagonistas es imprescindible pasar del simple señalamiento a la autocrítica y a rebelar toda la verdad. Poco a poco con titubeos y verdades medianas o mediatizadas algunos ya han escrito sobre los errores, sobre el aventurerismo desesperado. Pero con muy contadas excepciones—la mía entre ellas— casi nadie se atreve a desentrañar la sustancia y las redes de la provocación.

Desde mi interés político, lo más revelador de los papeles de Lecumberri, si son todos y no fueron lavados serán las redes de la provocación, los infiltrados a sueldo del poder y especialmente de Echeverría, que operaban al seno del CNH y del movimiento, de casi todas las organizaciones sociales y políticas, entre ellas la juventud y el partido comunista.

¿Fue o no Sócrates Amado Campos Lemus un agente provocador? Tanto él como sus compinches deben padecer las pesadillas de la verdad próxima.
Un volumen aparte lo deben ocupar los acontecimientos relacionados con la guerrilla desde 1965 hasta la fecha. Por supuesto que es punto clave de partida la tesis de las grandes aportaciones que su inmensa mayoría realizó y realiza para la transformación democrática del país, proceso acelerado pero permanente y en constante desarrollo. Las causas de la formación de los grupos guerrilleros deberán ser materia de la Fiscalía Especial para cuando rinda su informe éste sea algo así como el libro blanco de la guerrilla. La historia de la guerrilla tiene innumerables páginas negras y oscuras.

Ya lo escribí líneas arriba. No existe la justificante de la guerra. Nunca la hubo ni fue declarada como tal. En el mejor de los casos se puede hablar de una Guerra irregular, de exterminio, la más sucia de todas las guerras. Es imprescindible distinguir las acciones de enfrentamientos en los cuales cayeron combatientes y soldados. Identificar por supuesto a los soldados que murieron en emboscadas, a policías y guerrilleros que perecieron en diferentes circunstancias. Éste es un capítulo como son imprescindibles los relativos a los desaparecidos forzados, a los ejecutados, a los muertos torturados, a las víctimas de la tortura. El fiscal está ante el desafío social de aclarar el paradero de los centenares de desaparecidos; de aclarar, si fueron muertos, las circunstancias, los ejecutores directos, de editar las órdenes de los civiles que mandan al ejército. ¿Fueron ejecutados los del cuartel Madera en 1965? ¿En qué condiciones perdieron la vida Mario Sánchez Acosta, Jorge Arturo Vives, Cesár Yañez… aquel grupo surgido con amigos míos de la UNL que es el tronco antiguo del EZLN? ¿Raúl Ramos Zavala fue entregado por un delator y asesinado? ¿Qué pasó con Estela su hermana y con Mili su mamá? ¿Tienen o no razón doña Rosario Ibarra y todas las infatigables madres de los desaparecidos ¿Quién detuvo a Jacob Nájera y por orden de quien fue desaparecido? El espacio sería insuficiente para redactar la enciclopedia de los crímenes del estado mexicano. ¿Y Aguas Blancas, y El Charco y Acteal?
Pero tampoco en esta esfera se debe ser unilateral. Viven los responsables de ejecuciones y ajustes de cuentas al seno de la misma guerrilla y de esta contra civiles desarmados acusados de reformistas. Y es muy grave la reaparición del lenguaje de las brigadas de ajusticiamiento… ¿Es esta o no parte de la verdad que México necesita? La descomposición de algunos de los grupos y el militarismo polpotiano de otros, no pueden quedarse en el baúl de los secretos. ¿Quién y por qué asesinaron a Carlos Chavarría Hernández, a Alfonso Peralta, a Carlos Guevara Reynaga, a los hermanos Cortés, a David López, a Arturo Rosas, a Fierro Loza, Anacleto Ramos y a su hermano…? ¿Puede alguien en aras de la razón histórica cometer crímenes y ejecuciones, vejaciones contra sus propios compañeros o ex camaradas acusados de un rosario de barbaridades? ¿Se vale?

Queremos la verdad, pero toda.

Yo lo he dicho y escrito. Nosotros quienes nunca optamos por la guerrilla fuimos objeto de represión, de cárcel, corríamos todo tipo de riesgos, armados únicamente de ideales y sagacidades. Nosotros, integrantes de un partido acosado, semiclandestino incurrimos en actos no propiamente legales (tráfico y lavado de dólares, de joyas, de recursos provenientes de la solidaridad internacionalista. En ocasiones ofrecimos refugio y solidaridad a integrantes de la guerrilla mexicanos y de otros países.
En relación con el movimiento estudiantil y a otros movimientos sociales Luís Echeverría Álvarez actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Él ordenó reprimir, asesinar, desaparecer, encarcelar, provocar, acosar, difamar deliberadamente. Él mismo, presidente, es el responsable principal de los crímenes de estado contra los guerrilleros o sospechosos de serlo.

Sin duda el más perverso entre todos los perversos es Luis Echeverría Álvarez quien gracias a dios vive y es él precisamente él quien debe ser sometido ante los tribunales por los crímenes de lesa humanidad cometidos, ordenados y preparados por él. No es cuestión de rencores ni mucho menos. Es asunto de interés nacional para evitar que episodios como los que hemos sufrido se repitan para que nadie se atreva a suponerse impune.

Estamos viviendo una espléndida coyuntura y le debemos al país un gran servicio. Cierto. México está en deuda con la generación del 68. No le hagamos al mártir ni al cómplice. Contribuyamos con el país y con la historia. Solo y únicamente de esta manera México se enriquecerá con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Una nueva frustración hará más difícil la transformación democrática de México y la construcción de esa gran alianza por el desarrollo, de un acuerdo republicano para la prosperidad. Señor fiscal:

En resumen y de acuerdo a mis derechos legales y constitucionales solicito:

Que la Fiscalía analice las propuestas de líneas de trabajo que le entregaré en texto adjunto.
Que formalice mi declaración, la tome por rendida y con ella inicie las averiguaciones previas pertinentes o refuerce algunas ya en curso. Especialmente acuso a Luís Echeverría Álvarez por la presunta comisión de delitos entre ellos el de lesa humanidad, de abuso del poder, de exterminio, secuestro y genocidio.
Me declaro dispuesto a carearme entre otros con los señores Mario Moya Palencia, Pedro Ojeda Paullada, Miguel Nassar Haro y Sócrates Amado Campos Lemus.
Me pongo a su entera disposición para la diligencias que consideren necesarias.
Reclamo que por acuerdo de esta Fiscalía se formule la Enciclopedia de la Izquierda Mexicana; que sean inscritos los nombres de todos los presos por motivos políticos en una de las paredes del Palacio de Lecumberri y un memorial a todas las víctimas de la represión, entre ellas a los desparecidos cuya muerte se haya comprobado.
Exijo me sea entregada copia certificada de toda la información, los expedientes, fotografías y diligencias sobre mi persona que obren en los archivos del AGN. Asimismo solicito acceso personal e irrestricto a los diferentes fondos con el objeto de realizar de las investigaciones que me interesan.
Ruego a la Fiscalía que, por conducto de los medios diplomáticos, tanto de la PGR como de la SRE, solicite del Partido Comunista Cubano, la información relacionada con los supuestos recursos que dicen me fueron entregados. Esto tiene que ver con mi honor puesto que todavía hoy cuando periodistas acuden a entrevistarme muestran e inquieren al respecto basados en las fichas ocultas.
Ofrezco a ustedes mi archivo para que lo copien o digitalicen. Y les enviaré en un CD los textos de mis libros, de los documentos del juicio político, los textos de los comunistas en el 68 y las cronologías mencionadas.

Por ahora termino. La creación de esta Fiscalía es fruto de la perseverancia y el reclamo nacional e internacional, es flor de una causa ciudadana. Usted doctor y Fiscal tiene sobre si las miradas y el escrutinio del mundo y del país. La verdad, la justicia y su honor están en juego. La historia no perdona, pero si reconoce. Cuente con mi reclamo y mi colaboración permanente. El futuro de México, la transformación democrática será apresurada si hacen bien su trabajo. De lo contrario nadie se los perdonará. México, D.F. a 11 de junio de 2002.