Proceso 272/68
El poder judicial mexicano se llenó de oprobio durante los juicios políticos realizados en contra de dirigentes y actores de los movimientos sociales y políticos desde 1952 cuando inauguraron el uso de los Artículos 145 y bis continentes de los delitos de disolución social. Desde el nivel más alto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta los jueces de las instancias penal y federal, todos exhiben la mancha de la subordinación a los dictados del poder ejecutivo. La denominada transición no ha tocado al poder judicial. Cierto la SCJN con la CNDH dio origen a la Fiscalía Especial, ha producido sentencias y acuerdos trascendentes como la declaratoria de no prescripción de algunos delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, pero todavía estamos lejos, infinitamente lejos de la justicia justo que México necesita.
Arturo Martínez Nateras, 2002.
Incluyo además la denuncia que presenté ante la Fiscalía Especial en el año 2002. Los esfuerzos realizados hasta ahora han producido algunos resultados contundentes. El principal es que el gobierno federal, por conducto del Ministerio Público ha reconocido que cometió delitos de lesa humanidad, es un poder confeso que como representante social falló a la hora de enjuiciar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de estado. Sin embargo, no es poca cosa que el licenciado Luís Echeverría Álvarez haya sido declarado formalmente preso y tenga todavía su casa como reclusorio. Hoy es el momento oportuno para consensuar, desde la Cámara de Diputados, en general por el Congreso de la Unión primero una amnistía general y también una ley de Memoria que permita construir la era de la reconciliación democrática impartiendo justicia a las luchas y a los luchadores por la democracia a partir de por lo menos el giro a la guerra fría.
Quizá sea yo un iluso pues los vientos del poder soplan nuevamente por la ruta de criminalizar luchas y confunden el terrorismo el narcotráfico y la delincuencia organizada con la protesta, la resistencia y la inconformidad. No ha lugar a desmayos. La lucha por las libertades democráticas en sus nuevas modalidades sigue como bandera de los mexicanos progresistas y nosotros, los veteranos del 68 seguimos firmes al lado de nuestro pueblo. Somos pueblo.
Ahora, 40 años después del 68 es oportuno reflexionar sobre la transformación del poder judicial y a la luz de los juicios del 68 conocer capítulos de nuestra historia judicial para evaluar con hechos y datos duros el papel tan vergonzoso de la justicia mexicana. Me he ocupado de integrar en este expediente los documentos del proceso al cual fui sometido con mis compañeros de causa. Los medios digitales y la tecnología permiten recuperar y socializar expedientes que de otra manera llenan miles de folios. Los luchadores por la democracia y los estudiosos de nuestra vida jurídica tienen en los juicios del 68 materia prima suficiente para documentar las asignaturas pendientes en la materia. Los documentos que he recogido son una modesta contribución a estas causas. Los difundo respetando la redacción y el contenido original, el estilo de sus autores con ligeras libertades de estilo editorial.
Desde el 26 de julio de 1968 fui objeto de persecución, detenido el 10, el once de noviembre me toman la declaración Preparatoria, texto que publico con los autos de formal prisión, algunas diligencias y careos, la sentencia a 14 años, mi pronunciamiento ante el juez el que visto 40 años después lo refrendo en todas sus partes. El lector puede documentar las pretensiones de reaprensión que sufrimos en 1972. Ya mencioné las denuncias ante la Fiscalía y dentro de este mismo capítulo de mi página WEB incluyo Los papeles de Lecumberri texto en el cual resumo los datos del espionaje que contra mi realizó el sistema policial. Un libro electrónico siempre estará en proceso de construcción y los textos que nos sean proporcionados recibirán el mismo tratamiento.
